La larga disputa sobre el paseo costero de Cabo Roig finalmente se ha resuelto, allanando el camino para su reapertura este verano, y a una fracción del coste exigido originalmente por los propietarios.
La Junta Provincial de Expropiación ha fijado la indemnización final en 26.180 €, una cifra significativamente inferior a los 3 millones de euros solicitados inicialmente. En 2024, el Ayuntamiento de Orihuela había presupuestado 600.000 € para cubrir la expropiación y las obras relacionadas; el acuerdo final libera fondos sustanciales para futuros proyectos de infraestructura.
Los 227 metros cuadrados de terreno en disputa, cruciales para restablecer el acceso peatonal entre Aguamarina y La Caleta, habían estado en el centro de una amarga batalla legal y financiera. Los propietarios reclamaron inicialmente 3 millones de euros antes de reducir su demanda a 1,2 millones de euros.
En contraste, los tasadores municipales valoraron el terreno en aproximadamente 70.000 €.
Al no alcanzarse un acuerdo, el asunto se remitió a la Junta Provincial de Expropiación, que emitió la valoración final la semana pasada.
Las propiedades afectadas incluyen:
142 metros cuadrados propiedad colectiva de 52 residentes, cuyas reclamaciones se redujeron de 2 millones de euros a alrededor de 170.000 €, y
85 metros cuadrados propiedad de Cabo Roig S.A. para desarrollo hotelero, inicialmente valorados en 1 millón de euros.
Tras la decisión de la Junta, el Ayuntamiento de Orihuela ha solicitado los 26.180 € a la Tesorería Municipal para depositar la indemnización e iniciar el proceso de ocupación. Se espera que el paseo marítimo vuelva a abrir a tiempo para la temporada turística de verano.
UNA PROLONGADA BATALLA LEGAL
La disputa se remonta a 2013, cuando los residentes del complejo residencial Bellavista construyeron un muro a lo largo del sendero del acantilado, bloqueando el acceso público. El periódico The Leader publicó la historia en su portada, mientras que simultáneamente solicitaba el apoyo de los concejales locales.
Aunque inicialmente fue demolido por trabajadores municipales con aprobación judicial, los posteriores desafíos legales revirtieron la decisión. En 2016, un tribunal dictaminó que el camino no formaba parte formalmente del dominio público, ordenando a la ciudad reconstruir el muro.
La ciudad, entonces bajo el PP (Partido Popular), no apeló el fallo, haciéndolo definitivo. Sin embargo, continuaron apelando partes de su ejecución.
En mayo de 2017, el Servicio Provincial de Costas declaró que el terreno de Aguamarina está sujeto a un derecho de paso, lo que significa que los 52 propietarios residenciales no podían cerrarlo legalmente.
El 4 de octubre de 2018, otra orden judicial instruyó a la ciudad a reconstruir el muro. La ciudad apeló, pero el TSJ desestimó la apelación en noviembre de 2020, dictaminando que el muro se construyó legalmente antes de que entrara en vigor la actual Ley de Costas, lo que socavó las afirmaciones del Servicio de Costas sobre un derecho de paso. El TSJ también anuló las órdenes de demolición de la ciudad de 2013.
Así, para cumplir con la sentencia de 2016 que exigía que el terreno volviera a su estado original, el paseo marítimo se cerró nuevamente en diciembre de 2021.
Después de años de apelaciones y contraapelaciones, Orihuela finalmente se vio obligada a cerrar el paseo marítimo en diciembre de 2021, obligando a los peatones a un desvío de dos kilómetros para evitar solo 60 metros de costa.
El acuerdo final de 26.000 € pone fin ahora a más de una década de incertidumbre legal y financiera. Con la cifra final de expropiación ahora muy por debajo de las expectativas iniciales, Orihuela, por fin, puede cerrar el capítulo de esta costosa batalla legal y reabrir una de las rutas costeras más emblemáticas de Cabo Roig.
La larga disputa sobre el paseo costero de Cabo Roig finalmente se ha resuelto, allanando el camino para su reapertura este verano, y a una fracción del coste exigido originalmente por los propietarios.
La Junta Provincial de Expropiación ha fijado la indemnización final en 26.180 €, una cifra significativamente inferior a los 3 millones de euros solicitados inicialmente. En 2024, el Ayuntamiento de Orihuela había presupuestado 600.000 € para cubrir la expropiación y las obras relacionadas; el acuerdo final libera fondos sustanciales para futuros proyectos de infraestructura.
Los 227 metros cuadrados de terreno en disputa, cruciales para restablecer el acceso peatonal entre Aguamarina y La Caleta, habían estado en el centro de una amarga batalla legal y financiera. Los propietarios reclamaron inicialmente 3 millones de euros antes de reducir su demanda a 1,2 millones de euros.
En contraste, los tasadores municipales valoraron el terreno en aproximadamente 70.000 €.
Al no alcanzarse un acuerdo, el asunto se remitió a la Junta Provincial de Expropiación, que emitió la valoración final la semana pasada.
Las propiedades afectadas incluyen:
142 metros cuadrados propiedad colectiva de 52 residentes, cuyas reclamaciones se redujeron de 2 millones de euros a alrededor de 170.000 €, y
85 metros cuadrados propiedad de Cabo Roig S.A. para desarrollo hotelero, inicialmente valorados en 1 millón de euros.
Tras la decisión de la Junta, el Ayuntamiento de Orihuela ha solicitado los 26.180 € a la Tesorería Municipal para depositar la indemnización e iniciar el proceso de ocupación. Se espera que el paseo marítimo vuelva a abrir a tiempo para la temporada turística de verano.
UNA PROLONGADA BATALLA LEGAL
La disputa se remonta a 2013, cuando los residentes del complejo residencial Bellavista construyeron un muro a lo largo del sendero del acantilado, bloqueando el acceso público. El periódico The Leader publicó la historia en su portada, mientras que simultáneamente solicitaba el apoyo de los concejales locales.
Aunque inicialmente fue demolido por trabajadores municipales con aprobación judicial, los posteriores desafíos legales revirtieron la decisión. En 2016, un tribunal dictaminó que el camino no formaba parte formalmente del dominio público, ordenando a la ciudad reconstruir el muro.
La ciudad, entonces bajo el PP (Partido Popular), no apeló el fallo, haciéndolo definitivo. Sin embargo, continuaron apelando partes de su ejecución.
En mayo de 2017, el Servicio Provincial de Costas declaró que el terreno de Aguamarina está sujeto a un derecho de paso, lo que significa que los 52 propietarios residenciales no podían cerrarlo legalmente.
El 4 de octubre de 2018, otra orden judicial instruyó a la ciudad a reconstruir el muro. La ciudad apeló, pero el TSJ desestimó la apelación en noviembre de 2020, dictaminando que el muro se construyó legalmente antes de que entrara en vigor la actual Ley de Costas, lo que socavó las afirmaciones del Servicio de Costas sobre un derecho de paso. El TSJ también anuló las órdenes de demolición de la ciudad de 2013.
Así, para cumplir con la sentencia de 2016 que exigía que el terreno volviera a su estado original, el paseo marítimo se cerró nuevamente en diciembre de 2021.
Después de años de apelaciones y contraapelaciones, Orihuela finalmente se vio obligada a cerrar el paseo marítimo en diciembre de 2021, obligando a los peatones a un desvío de dos kilómetros para evitar solo 60 metros de costa.
El acuerdo final de 26.000 € pone fin ahora a más de una década de incertidumbre legal y financiera. Con la cifra final de expropiación ahora muy por debajo de las expectativas iniciales, Orihuela, por fin, puede cerrar el capítulo de esta costosa batalla legal y reabrir una de las rutas costeras más emblemáticas de Cabo Roig.
