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La introducción de la ORA (Zona de Aparcamiento Regulado) en las áreas alrededor de las playas de Orihuela Costa no se trata de aliviar el tráfico o gestionar el aparcamiento limitado; se trata de dinero. Así de claro. No hay pretensiones de mejorar la movilidad o la planificación urbana aquí; el único objetivo es inflar las arcas municipales.
Mientras el alcalde hace patéticas declaraciones sobre “megaproyectos” como instalar una fuente de agua fría en la ciudad, el Grupo Socialista Municipal presiona por una sola cosa: la expansión más rápida de la ORA a la costa. No mejores servicios. No mejor infraestructura. Solo más aparcamiento de pago.
UNIDOS POR LA COSTA expresa su absoluta indignación ante esta absurda situación. Ya basta. Los residentes de la costa están siendo explotados. Aguantan carreteras en ruinas—algunas parecen zonas de guerra—y apenas reciben lo mínimo en servicios públicos, pero ahora se espera que paguen más por simplemente aparcar cerca de sus casas y negocios.
En claro contraste, el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana se han comprometido a eliminar estos cargos, en lugar de inventar otros nuevos.
¿Cuánto tiempo más los residentes de Orihuela Costa tolerarán este sinsentido?
El PSOE ha instado a la coalición de gobierno de Orihuela a actualizar y expandir la zona azul e implementar los descuentos prometidos. Pero incluso estas supuestas «mejoras» son solo esfuerzos disfrazados para justificar una política que ya está presupuestada para generar 575,000 € en 2025—un aumento asombroso del 50% con respecto a 2024.
Seamos claros: esa cifra solo tiene sentido si la expansión de la ORA a la costa sigue adelante, añadiendo 1,200 nuevos espacios de aparcamiento de pago, muchos de ellos a lo largo de carreteras donde actualmente no se permite aparcar. Eso no es planificación—eso es un impuesto sin transparencia.
¿Cómo puede ser correcto instalar parquímetros—y de esta manera, legalizar de facto el aparcamiento en muchas zonas, como la Avda de las Adelfas en Campoamor, donde actualmente está prohibido?
Esto no es planificación urbana. Esto no es gobernanza responsable. Esto es monetizar el caos.
Al convertir zonas de no aparcar en áreas de pago, el ayuntamiento no está resolviendo un problema, lo está creando, y luego nos cobra por ello. Carreteras que antes estaban cerradas—frecuentemente por razones de seguridad, flujo de tráfico o protección del medio ambiente—están siendo reclasificadas, no porque tenga sentido, sino porque genera ingresos.
¿Qué mensaje manda eso? ¿Que las leyes y regulaciones son flexibles… si se puede ganar dinero?
¿Que la seguridad y el acceso pueden ser comprometidos, siempre que haya un parquímetro cerca?
Esto no es regulación—es oportunismo disfrazado de política. Las carreteras costeras no son cajeros automáticos. Y los residentes no deberían sufrir por el aumento del tráfico, el acceso limitado o la disminución de la seguridad solo para que el ayuntamiento pueda tapar un agujero en su presupuesto.
Incluso la concejala socialista María García admite que las cifras de ingresos pueden ser «ficticias» sin ningún plan real. Sin claridad. Sin estudios. Sin consultas con los actores sociales. Solo más charlas sobre bonificaciones y descuentos que, un año después, aún no existen.
- Esto no se trata de gestionar el tráfico.
- Esto no se trata de mejorar la costa.
- Esto se trata de generar ingresos— a costa de los residentes.
¿Y lo peor? Nadie en el gobierno local parece dispuesto a explicar por qué o cómo está sucediendo esto. No hay transparencia, no hay responsabilidad, y no hay señales de que se estén escuchando las voces de los más afectados—los residentes.
