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El gobierno municipal de Torrevieja ha comenzado a hacer cumplir las normas que limitan la cantidad de espacio público que los bares y restaurantes locales pueden ocupar con sus terrazas a lo largo del paseo marítimo.
Con pintura amarilla, tiza y cinta adhesiva, los funcionarios marcaron las áreas permitidas por la ley, y resultó que muchas empresas ya habían excedido su espacio permitido durante años, algunas en varias decenas de metros cuadrados.
Federico Alarcón, el concejal responsable de los espacios públicos, explicó que, desde la reintroducción del impuesto por el uso del espacio público (tras una exención de cuatro años debido a la pandemia), la ciudad debe asegurarse de que las empresas paguen de acuerdo con el espacio real que ocupan, como se prescribe en la normativa.
Torrevieja fue especialmente indulgente durante la pandemia, tanto en la exención de la tarifa (de 2020 a 2023) como en permitir terrazas ampliadas para ayudar a las empresas que estaban pasando dificultades. Sin embargo, con el regreso del impuesto y unas condiciones más normales, la ciudad decidió hacer cumplir nuevamente los límites previos. Estos límites no se habían marcado claramente en más de siete años.
Los residentes se han quejado de la ocupación excesiva de espacio público, especialmente porque las terrazas bloquean los bancos y hacen que las zonas peatonales sean peligrosamente estrechas, cerca del mar. El problema se ha agravado por los vendedores ambulantes no autorizados.
Esta semana, los empleados municipales comenzaron a reposicionar las mesas y sillas dentro de los límites legalmente permitidos, comenzando por un extremo del paseo marítimo y atravesando las zonas más concurridas.
Aunque la asociación de hosteleros fue informada, muchos empleados se sorprendieron y no sabían qué hacer con el mobiliario adicional. La lluvia ayudó temporalmente al reducir el número de clientes.
El momento es complicado ya que se acerca la Semana Santa y una parte del paseo cercano sigue cerrado por renovaciones, lo que limita aún más el espacio público.
Los planes para una nueva regulación más amplia del espacio público han sido pospuestos. En su lugar, la ciudad podría decidir dividirla en normas separadas para diferentes aplicaciones. Asimismo, un sistema digital para gestionar los impuestos sobre las terrazas también se ha retrasado debido a preocupaciones legales.
Aunque gran parte del paseo marítimo está bajo jurisdicción nacional (Costas), el ayuntamiento declaró que el gobierno nacional ha delegado silenciosamente la gestión a las ciudades turísticas locales, aunque esto podría ser un factor para la aplicación de las normas en el futuro.
