Gobierno amenaza con retener fondos a ciudades que ignoren normas de zonas de bajas emisiones

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El gobierno español vuelve a presionar a las ciudades para que implementen las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) amenazando con retener fondos estatales a aquellas que no implementen restricciones. Sin embargo, los funcionarios han descartado imponer sanciones directas.

Financiación en riesgo para las ciudades no conformes

Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente de España, reafirmó la postura del gobierno, declarando que el acceso a los fondos estatales podría estar condicionado al cumplimiento de las regulaciones de ZBE. «Siempre hemos promovido la cooperación entre administraciones, por eso hemos proporcionado recursos financieros para apoyar la implementación de estas zonas», explicó Morán en una entrevista con Servimedia.

Si bien enfatizó que el gobierno prefiere los incentivos sobre las sanciones, advirtió que una vez que termine la fase de incentivos, los municipios que no hayan implementado las ZBE podrían ver restringido su acceso a los fondos estatales.

Conflicto en curso entre el gobierno y las autoridades locales

Este enfoque ha sido reiterado por el Ministro de Transporte Óscar Puente, quien previamente reconoció que el gobierno central no tiene la autoridad legal para obligar a los municipios a implementar las ZBE. En su lugar, planean aplicar una estrategia de «zanahoria y palo», favoreciendo recompensas financieras para las ciudades que se comprometan con la descarbonización, mientras limitan los fondos para aquellas que no lo hagan.

Puente ha criticado a los gobiernos locales, especialmente aquellos en coalición con Vox, por oponerse a las ZBE. Instó a los alcaldes a actuar de manera responsable, enfatizando que regular el tráfico beneficia tanto la salud pública como la movilidad.

Zonas de bajas emisiones en la provincia

De las ocho municipalidades en la provincia que deben establecer una ZBE, solo cuatro—Alicante, Elche, Benidorm y Elda—han aprobado regulaciones antes de la fecha límite del 1 de enero de 2025. Sin embargo, Alicante y Elche han decidido no imponer restricciones adicionales ni multas, mientras que Benidorm introducirá un período de gracia de seis meses sin penalizaciones. Elda es la única ciudad completamente conforme, con regulaciones y medidas de aplicación en vigor.

Torrevieja, Orihuela, Alcoy y San Vicente del Raspeig aún no han implementado sus respectivas ZBE.

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