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El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, está a punto de enfrentarse a juicio por presunto fraude fiscal, con audiencias programadas para el 22 y 24 de enero a las 9:30 a.m. en el Juzgado de lo Penal número 1. También se ha citado a testigos para que comparezcan en el tribunal de la Plaza Santa Lucía.
Sin embargo, existe la posibilidad de que se posponga, ya que el abogado defensor de Vegara no puede asistir por razones de salud. Esto fue confirmado por uno de los acusados, quien declaró que tenían la intención de solicitar un aplazamiento.
El juicio sigue a la negativa de Vegara de llegar a un acuerdo con la Fiscalía en marzo de 2022. Él ha mantenido de manera constante su inocencia y ha declarado que solo aceptaría una absolución total.
Junto al alcalde, cuatro ejecutivos de Estación ITV y Orikoffee SL también enfrentan acusaciones de falsificación de documentos comerciales y de cometer dos delitos contra la Hacienda Pública: uno relacionado con el IVA y otro con el impuesto de sociedades para el ejercicio fiscal de 2005.
Según la acusación, los miembros del Consejo de Administración de Estación ITV, incluido Vegara, supuestamente redujeron las ganancias de la empresa para minimizar sus responsabilidades fiscales tanto de IVA como de impuesto de sociedades.
Las investigaciones sugieren que las facturas emitidas por Orikoffee SL, que fueron utilizadas para crear la apariencia de ganancias reducidas, eran fraudulentas. Se informa que Estación ITV pagó estas facturas con pagarés, algunos de los cuales fueron endosados a Autos Ramón SA, una empresa vinculada a los socios de ITV por lazos familiares.
La Agencia Tributaria estima que se evadieron 760.539,12 euros en impuesto de sociedades y 157.396,80 euros en IVA.
Se cree que el esquema fraudulento involucró un contrato de venta entre Estación ITV y Orikoffee SL, bajo el cual se compraron 100.000 agendas telefónicas publicitarias. Estas agendas, fabricadas a un costo de 1,31 euros por unidad, fueron facturadas a 17 euros cada una, un precio inflado que supuestamente reflejaba la intención fraudulenta.
La Fiscalía considera a Vegara una figura clave en los presuntos delitos. Se le acusa de ser un «colaborador necesario» en la falsificación de documentos y un «coautor material» de los delitos fiscales.
La acusación solicita un total de siete años de prisión para los acusados y multas que ascienden a 5.192.821 euros. Además, los acusados enfrentan la inhabilitación para ocupar cargos públicos y acceder a beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Esta batalla legal comenzó durante la candidatura de Vegara a la alcaldía en abril de 2023. El día de su lanzamiento oficial de campaña, Vegara negó que se hubiera abierto un juicio en su contra, afirmando que el caso estaba cerrado desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, más tarde retractó esta declaración cuando las pruebas confirmaron que el caso seguía abierto.
El proceso legal tiene su origen en una denuncia presentada en 2011. Originalmente fue archivada en 2015, pero fue reabierta poco antes de que expirara el plazo de prescripción.
Durante la campaña, los partidos de la oposición, incluidos PSOE, Cs y Cambiemos, utilizaron el caso para establecer conexiones entre la rama de Orihuela del Partido Popular (PP) y la corrupción. Vegara respondió subrayando que las acusaciones se referían a su empresa y no a su administración pública. También atribuyó la situación a la mala praxis de un empleado que la empresa decidió no denunciar.
A pesar de la controversia, la dirección del PP, incluido Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, apoyó a Vegara. Mazón minimizó las acusaciones, calificándolas de «asunto administrativo». Esta postura no impidió que el PP tuviera un buen desempeño electoral. Vegara, en colaboración con Vox, obtuvo un concejal más en comparación con el mandato anterior, aunque el PP no logró recuperar su mayoría absoluta de 2011.
Si el tribunal absuelve a Vegara y a sus coacusados, su posición política podría fortalecerse. Sin embargo, una condena probablemente obligaría a una reevaluación de su futuro político. Existe un precedente de funcionarios del PP que dimiten en circunstancias similares, como en el caso de la concejala de Torrevieja Carmen Gómez, quien dimitió en 2022 después de que comenzara su juicio oral.
Por ahora, el destino de Vegara depende del próximo juicio. Al rechazar un acuerdo de culpabilidad, evitó una condena inmediata, pero dejó su futuro político en suspenso.
