El exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, admitió el miércoles en el Juzgado de lo Penal de Elche, Sección VII, los cargos de fraude y prevaricación, aceptando dos sentencias que suman siete años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Cada delito conlleva una pena de tres años y seis meses. La misma sentencia fue impuesta a su sucesor, Raúl Valerio Medina, y a Antonio Saseta, quien ejerció como secretario municipal en ambas administraciones.
La investigación reveló un esquema que involucraba contribuciones agrícolas fraudulentas pagadas por el Ayuntamiento de Bigastro entre 2003 y 2011. Estas falsas contribuciones beneficiaron a 47 residentes, en su mayoría mujeres, que estaban inscritas en el Régimen Agrario de la Seguridad Social a pesar de no realizar ningún trabajo agrícola.
El propósito del esquema, según la Fiscalía, era otorgar a los beneficiarios acceso a una serie de prestaciones de la Seguridad Social. Estas incluían prestaciones no económicas, como la cobertura sanitaria, y prestaciones económicas a largo plazo, incluidas las pensiones de jubilación de por vida.
Este caso resalta el mal uso de los recursos públicos para beneficio personal y una vez más subraya la necesidad de rendición de cuentas en el ejercicio de cargos públicos en la política local.
